En el principio fue el privilegio
El denominado “principio de ordinalidad” que ERC ha pactado con el Gobierno no constituye un principio general de justicia fiscal, sino un privilegio territorial negociado políticamente en beneficio de Cataluña. Un principio, para serlo, debe cumplir al menos tres condiciones: universalidad, neutralidad y aplicación objetiva. La ordinalidad pactada no cumple ninguna de ellas.
No es universal, no se plantea como una regla común para todas las comunidades autónomas, sino como una exigencia específica de Cataluña dentro de una negociación bilateral. No se ofrece al conjunto del sistema ni se somete a un debate multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un principio que solo se garantiza a quien tiene capacidad de presión parlamentaria deja de ser principio y se convierte en trato de favor que limita la redistribución, que es la razón de ser del sistema. Entre otras funciones, y sobre todo desde la óptica de la izquierda, la financiación autonómica existe para corregir desigualdades.
Se negocia desde una lógica de poder, no de equidad. El acuerdo no nace de un consenso técnico ni de una reforma estructural, sino de un intercambio político: un apoyo parlamentario a cambio de ventajas financieras. Eso refuerza la percepción de que la igualdad entre españoles depende del peso político de sus representantes. La igualdad de derechos no puede estar sujeta a atender este tipo de chantajes institucionales. Confundir equidad con preservación del estatus es defender que quien más aporta no debe “perder” posiciones. Esa lógica contradice el principio constitucional de solidaridad y convierte la financiación autonómica en un mecanismo de protección de rentas altas, no de cohesión territorial.
En conclusión, el principio de ordinalidad, tal como se ha pactado, no es un principio de justicia, sino un privilegio territorial negociado que debilita la solidaridad, rompe la igualdad entre comunidades, y consolida un modelo en el que gana quien más presión política ejerce. Un Estado que acepta esto no avanza hacia el federalismo, sino hacia una asimetría desigual e inestable.
