Paradoja de la tolerancia e ilegalización de partidos

La paradoja de la tolerancia, formulada por Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos (1945), sostiene que una tolerancia ilimitada puede llevar a la destrucción de la tolerancia misma. Si una sociedad tolera sin restricciones a los intolerantes, estos pueden aprovecharse para imponer sus ideas y suprimir la libertad. Popper argumenta que, para preservar una sociedad tolerante, es necesario ser intolerante con la intolerancia, es decir, limitar o confrontar activamente a aquellos que promueven ideas o acciones que amenazan los principios de libertad y respeto mutuo. En resumen: tolerar todo, incluso la intolerancia, puede destruir la tolerancia; por tanto, una sociedad debe defenderse contra los intolerantes para mantenerse abierta y libre. 

En una democracia, hay ciertos principios y derechos fundamentales que suelen estar protegidos y que no se someten a votación, pues forman la base del sistema democrático liberal. La ilegalización de partidos políticos es posible bajo ciertas condiciones, dependiendo de la legislación de cada país. Una democracia no puede cuestionar los derechos fundamentales inalienables como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la libertad de culto o la prohibición de la tortura, que suelen estar consagrados en constituciones y tratados internacionales. No pueden ser eliminados por votación, ya que son considerados inherentes a la dignidad humana. Por ejemplo, una mayoría no podría votar para abolir el derecho al voto o la libertad de prensa, ya que esto socavaría los pilares de la democracia.

En un proceso constituyente una presunta soberanía nacional con visión de estado, de altas miras, establece limitaciones a futuras soberanías populares delirantes (influidas y manipuladas por crisis, coyunturas, populismos y propagandas), con objeto de no traicionar principios que se consideran fundamentales.

La democracia liberal matiza la supuesta soberanía popular, pues no permite votar para establecer una dictadura permanente o eliminar elecciones libres, ya que esto destruiría el propio sistema democrático. La independencia del poder judicial, legislativo y ejecutivo debe estar protegida. No se puede votar a favor de la concentración del poder en una sola institución, aunque esta sea el pueblo. Algunas constituciones tienen cláusulas "pétreas" o inmodificables que protegen aspectos esenciales del Estado, como la forma republicana, la federación o los derechos fundamentales. Estas no pueden ser cambiadas ni por votación popular. Los compromisos asumidos en tratados internacionales (por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos) suelen tener prioridad sobre decisiones democráticas internas, y los países no pueden votar para incumplirlos sin consecuencias legales o diplomáticas. 

En una democracia se pueden ilegalizar partidos políticos, pero esto está sujeto a condiciones estrictas y suele estar regulado por la constitución o leyes específicas. Los motivos más comunes para ilegalizar un partido incluyen la promoción de la violencia o el terrorismo. Si un partido incita a la violencia, promueve el odio o está vinculado a actividades terroristas, puede ser ilegalizado. Por ejemplo, en España, partidos como Herri Batasuna fueron prohibidos por su relación con la organización terrorista ETA. Partidos que busquen derrocar el orden democrático, instaurar una dictadura o eliminar derechos fundamentales pueden ser prohibidos. En Alemania, la Constitución permite ilegalizar partidos que amenacen el "orden democrático libre" como ocurrió con el Partido Nazi y el Partido Comunista. Partidos que promuevan ideologías racistas, xenófobas o que violen los principios de igualdad pueden ser ilegalizados en algunos países, especialmente en Europa, donde existen leyes contra el discurso de odio. La ilegalización debe seguir un proceso judicial o legislativo, generalmente a través de tribunales constitucionales o instancias similares. Por ejemplo en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal decide sobre la ilegalización de partidos. En España, la Ley de Partidos Políticos de 2002 permite prohibir partidos que apoyen el terrorismo o atenten contra la democracia. 

Ilegalizar un partido puede ser visto como una restricción a la libertad de asociación y expresión, por lo que debe justificarse cuidadosamente para no ser considerado autoritario. En algunas democracias frágiles, los gobiernos pueden intentar ilegalizar partidos opositores con pretextos vagos, lo que pone en riesgo el pluralismo. Prohibir un partido no siempre elimina sus ideas, y puede radicalizar a sus seguidores o llevar a la creación de nuevos partidos con nombres diferentes.

El liberalismo es, irónicamente, el conjunto de demandas que generalmente solicita la oposición contra el gobierno en turno. En regímenes autoritarios, la oposición suele reclamar libertades básicas (expresión, prensa, asociación), que son principios liberales, como una forma de resistir al poder. La oposición suele invocar valores liberales (como la defensa de minorías o la libertad individual) para criticar políticas del gobierno, aunque no siempre actúe congruentemente cuando está en el poder. El liberalismo, en la práctica, a veces se usa de manera oportunista por la oposición para ganar legitimidad o apoyo, sin que necesariamente refleje un compromiso profundo con sus principios. Si la oposición reclama medidas liberales (como tolerancia o libertades) pero tolera o ignora a actores intolerantes (por ejemplo, grupos que buscan restringir derechos), podría caer en la trampa de la paradoja de la tolerancia.  

El liberalismo no se define como "las medidas que reclama la oposición", pero la frase podría reflejar una crítica a cómo los principios liberales son invocados estratégicamente por oposiciones en ciertos contextos. El liberalismo es una filosofía basada en la libertad, el pluralismo, la isonomía del Estado de derecho y la división de poderes, no un conjunto de demandas reactivas. Sin embargo, en la práctica política, los valores liberales pueden ser usados tácticamente por la oposición, lo que no siempre equivale a un compromiso genuino con ellos. Acaso se utiliza para legitimarse porque es la opción política viable más justa y eficiente.