Critón, Antígona y el Estado de derecho
Leo la pregunta de Platón en el Critón (50b) como una advertencia sobre la fragilidad de toda comunidad política: “¿qué Estado puede subsistir si sus resoluciones no tienen fuerza y son eludidas por los particulares?”.
Sócrates ha sido condenado a muerte y tiene ante sí la posibilidad de fugarse. La rechaza porque comprende que una ciudad no puede perdurar si cada individuo se reserva el derecho de incumplir, según su conveniencia, aquello que las leyes proclaman. Una comunidad política existe porque sus miembros aceptan que ciertas decisiones, adoptadas conforme a procedimientos y principios acordados, vinculan a todos. Si cada uno pudiera elegir qué leyes obedecer y cuáles ignorar, la igualdad ante la ley se desvanecería.
Las leyes exigen de Sócrates una obediencia ciega. Sus amigos le plantean la alternativa de huir. Se puede considerar injusta una norma, se puede discutir, intentar persuadir a la ciudad o marcharse de ella; pero, mientras permanezca en Atenas y se beneficie de su orden jurídico, no puede tratar sus decisiones como simples sugerencias.
Aquí aparece, sin embargo, la sombra de Antígona. Ante Creonte, que ha prohibido dar sepultura de su hermano Polinices, Antígona invoca leyes “no escritas”, anteriores y superiores al decreto del soberano. Su rebeldía no es capricho ni mero interés privado, es la afirmación de que existe un límite moral frente al poder público. Sofocles nos recuerda que la obediencia civil no puede convertirse en silencio ante la injusticia. Cuando la ley positiva vulnera lo humanamente esencial, la conciencia puede alzar la voz.
La tensión entre Sócrates y Antígona es evidente, y nos remite al concepto de legitimidad que, como todo ideal, no es aprehensible por el entendimiento humano. Se nos escapa porque es un límite, un horizonte inalcanzable que, como mucho, orienta la acción. Sócrates enseña que la autoridad necesita ser obedecida para que la comunidad no se disuelva; Antígona advierte que esa autoridad no es absoluta, porque el derecho no puede pretender ocupar el lugar de la justicia. Entre ambas se dibuja el problema permanente de la legitimidad del Estado de derecho. La legitimidad aspira a ser divina, absoluta, justa, buena y bella, pero debe resignarse con ser humana. ¿No es esa la esencia del homo mensura de Protágoras: el hombre como medida de todas las cosas?
La fuerza del derecho obliga, prohíbe, autoriza, declara derechos e impone sanciones. Max Weber formuló esta idea en términos sociológicos: el Estado es una comunidad humana que, dentro de un territorio determinado, reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima.
En un Estado consolidado, la coacción permanece normalmente en segundo plano. Porque la mayoría cumple las normas, las reconoce, teme las sanciones y considera justo el sistema. Es la posibilidad efectiva de imponer el cumplimiento lo que da a las decisiones públicas su fuerza real. Sin esa posibilidad, el derecho corre el riesgo de convertirse en una declamación incapaz.
El argumento del Critón y la idea weberiana comparten la intuición de que para proteger la libertad y la convivencia, el Estado necesita poder. Pero ese mismo poder puede volverse amenaza si carece de límites, pues tiende a degradarse en arbitrariedad, persecución o represión.
El Estado debe poder hacer cumplir sus decisiones, pero solo dentro de los límites de la Constitución, la ley, los procedimientos y los derechos fundamentales. En un Estado de derecho, el monopolio de la violencia no es una licencia para el gobierno, es una responsabilidad jurídica. La fuerza pública existe para preservar el orden constitucional, garantizar derechos y hacer efectivas las resoluciones legítimas.
Aun así, la lección de Antígona permanece como una alerta. Si el Estado ordena lo que la conciencia reconoce como profundamente injusto, la obediencia no puede ser lo último. La resistencia civil, la crítica pública y, en casos extremos, la desobediencia pueden aparecer como defensa de un orden superior. Y siempre hay un orden superior, real o ficticio, al que invocar. Porque, como sostenía Carl Schmitt, los conceptos límite son conceptos teológicos secularizados, donde subsiste la huella de una instancia última que lo juzga.










