DEMOCRACIA Y FALACIA NATURALISTA
La afirmación —oída comúnmente entre el sector que tiene la mayoría— que defiende que "el Parlamento es soberano" es un principio contradictorio. El Parlamento tiene la máxima autoridad para legislar y tomar decisiones en el marco del Estado: crear, modificar y derogar leyes, supervisar y, en muchos casos, destituir al gobierno sin estar, en principio, sujeto a ninguna autoridad superior. Su legitimidad parecer proceder de actuar como representante de la “voluntad” del pueblo. En teoría, opera de manera independiente de otras ramas del gobierno, como el ejecutivo y el judicial.
Algunos defienden que las decisiones tomadas por el Parlamento no pueden ser cuestionadas por otras entidades. Sin embargo, el Parlamento debe rendir cuentas a los ciudadanos y a las otras instituciones. La Constitución establece límites para proteger así derechos fundamentales, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero la flagrante politización de este organismo acaba por deslegitimar esta columna fundamental.
Los tratados internacionales y sus obligaciones derivadas pueden restringir la capacidad del Parlamento para legislar en ciertos ámbitos. No así su soberanía, pues siempre podrá romper el contrato suscrito, eso sí, asumiendo sus consecuencias y costes. Grecia acabó no saliendo de la Unión Europea porque interpretaron que no les convenía, no porque no tuviera soberanía para hacerlo.
La falacia naturalista es un error lógico que consiste en derivar conclusiones éticas o normativas (el "deber ser") a partir de hechos o descripciones de la naturaleza (el "ser"). Un argumento filosófico que ha sido ampliamente utilizado para criticar las teorías del derecho natural argumentando que estas cometen un error lógico al intentar fundamentar normas morales o jurídicas en hechos sobre una supuesta naturaleza humana desvelada según sus criterios. Los defensores del positivismo jurídico han empleado este argumento para cuestionar la validez del derecho natural. En última instancia, el debate entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico sigue vigente, y la cuestión de cómo fundamentar los derechos y las normas morales continúa siendo indescifrable.
Lo normal no implica que sea normativo, obligatorio. Esto se utiliza constantemente para proteger a las minorías LGTBIQ+. Sin embargo, desde estos mismos sectores se defiende la soberanía absoluta del Parlamento, donde la mayoría, es decir, lo más frecuente, lo normal, establece las normas y leyes. Incurren en una falacia naturalista al argumentar que, porque la mayoría apoya una decisión (hecho), esta decisión es moralmente correcta (juicio ético). Y ésta es la contradicción.
Sobre ello escribieron pensadores liberales como Benjamin Constant o Alexis de Tocqueville: si la voluntad de la mayoría se impone sobre los derechos y libertades de las minorías se convierte en una forma de despotismo. La comprensión de esto es crucial para establecer límites éticos y constitucionales al poder de la mayoría en una democracia que, en su esencia más pura, se erige como un sistema que busca representar y proteger a todos los ciudadanos, no solo a la mayoría. Sin embargo, cuando permitimos que la normalidad estadística se convierta en la base de nuestras leyes, corremos el riesgo de marginar y oprimir a las minorías y a aquellos que se desvían de lo considerado "frecuente". Es vital reconocer que la diversidad y la diferencia son elementos inherentes y enriquecedores de cualquier sociedad. Las leyes y normas deberían ser creadas no para homogeneizar, sino para garantizar la coexistencia armoniosa de todas las expresiones humanas, siempre que no vulneren los derechos fundamentales de otros.
